Entendemos que el enseñar y aprender son derechos inalienables de todo ser humano y en tanto derechos del ciudadano están consagrados por la ley suprema de la Nación.

Entendemos que el ejercicio de la docencia dentro de una sociedad organizada es una actividad profesional reglada por la ley

Entendemos que es responsabilidad del Estado Nacional el disponer las normas para la formación de maestros y profesores así como para la formación de otros profesionales para que cumplan en forma supletoria con la función de enseñar.

Entendemos que las Universidades y los Institutos Superiores de Formación Docente y Técnica de Nivel Terciario de gestión estatal y de gestión privada son los ámbitos naturales en los que se desarrollan las carreras de formación docente, científica, técnica y tecnológica y de postgrado.

Entendemos que las Universidades y los Institutos Superiores de Formación Docente y Técnica de Nivel Terciario de gestión estatal y de gestión privada son los únicos con potestad para el otorgamiento de títulos para el ejercicio profesional de la docencia de acuerdo a derecho y que todo aquel que invoque o haga uso de dichos títulos o con expresiones similares intentase confundir o engañar acerca de la real naturaleza de su formación incurre en una grave falta de usurpación de títulos, honores y derechos.

Entendemos que la función específica de formador de docentes en cualquier tipo de contexto debe estar reservada para su desempeño por parte de profesionales docentes con la debida titulación avalada por el Estado Nacional, con saberes acreditados al más alto grado posible de especialización y con el ejercicio de la cátedra universitaria o terciaria.

Entendemos que es obligación de todo docente y función propia de las asociaciones profesionales de docentes el co-ayudar al Estado Nacional en el contralor del cumplimiento de la ley en cuanto al recto ejercicio de la docencia se refiere, alertando acerca de toda forma de ejercicio ilegal de la misma al conjunto de la sociedad y denunciándola ante las autoridades competentes.

Entendemos que las reuniones de profesionales docentes tales como ateneos, seminarios, congresos, convenciones u otros que tengan como fin el perfeccionamiento de la función de enseñar y la difusión de la cultura y el conocimiento así como las asociaciones profesionales de docentes deben contar con la dirección de profesionales idóneos de la docencia que cuenten con la correspondiente acreditación legal de sus saberes.

Entendemos que todo trabajo profesional docente ya sea como maestro de grado,director de centro educativo, conferencista, educador de otros docentes, entre otros debe gozar de una remuneración justa que prestigie la labor de enseñar y que la misma debe ser pactada libremente por las partes involucradas.

Entendemos que la evaluación de los docentes y su labor o trabajos con cualquier fin que esta evaluación sea administrada debe estar a cargo de otros docentes que acrediten por lo menos el mismo grado de formación, especialización y experiencia frente a las aulas y/o en cargos de dirección de establecimientos educativos que el docente objeto de la evaluación.

Entendemos que la elección de la docencia como carrera profesional y el desarrollo de los estudios de grado y postgrado docente deben contar con el firme y decidido apoyo de la sociedad en su conjunto y muy especialmente de los colegas y futuros colegas y de las asociaciones profesionales docentes facilitando a los cursantes sus estudios básicos y de especialización mediante la adopción de las pertinentes medidas de promoción y ayuda económica y respaldo moral.